Malvinas: qué establece el tratado con Reino Unido que piden derogar después de más de 30 años
El acuerdo fue firmado en 1990 y establece condiciones especiales para las inversiones británicas en la Argentina. Desde Tierra del Fuego reclamaron al Congreso avanzar con su derogación.
El tratado de inversiones entre la Argentina y el Reino Unido, vigente desde hace más de tres décadas, volvió al centro de la discusión por la cuestión Malvinas. El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó al Congreso la derogación de la Ley 24.184.
El funcionario calificó como un "error geopolítico" mantener el convenio, que contempla el trato de "nación más favorecida" para las inversiones. El planteo fue dirigido al Senado y a la Cámara de Diputados para que analicen la continuidad de la norma.
El reclamo aparece en medio de una nueva escalada por los recursos naturales de las Islas Malvinas. El Gobierno nacional anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en la zona sin autorización argentina.
Las claves del tratado que piden derogar
- Fue firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990.
- El Congreso lo aprobó mediante la Ley 24.184 en noviembre de 1992.
- Surgió durante el proceso de normalización de las relaciones entre Argentina y Reino Unido posterior a la Guerra de Malvinas.
- Establece que las inversiones británicas no pueden recibir un trato menos favorable que las nacionales o las de terceros países.
- Garantiza la libre transferencia de ganancias.
- Establece protección frente a expropiaciones sin compensación.
- Contempla mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas.
- Si el tratado es denunciado, las inversiones realizadas durante su vigencia mantienen determinadas protecciones durante 15 años adicionales.
El convenio fue uno de los instrumentos surgidos tras los Acuerdos de Madrid I y II, celebrados entre 1989 y 1990 para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países luego de la guerra de 1982. Ahora, desde Tierra del Fuego cuestionan que esas garantías continúen vigentes.
La discusión coincide además con el anuncio del Gobierno de una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en torno a Malvinas. Entre las compañías señaladas aparecen firmas relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
El planteo abre así una nueva discusión sobre la política argentina hacia el Reino Unido. Sin embargo, una eventual derogación no eliminaría inmediatamente todas las protecciones existentes, ya que el propio convenio contempla un período adicional de 15 años para las inversiones realizadas mientras estuvo vigente.
