Cambios en desalojos y expropiaciones: el impacto judicial de la nueva Ley de Propiedad Privada
La normativa sancionada en la Cámara alta fija nuevas reglas de juego para juicios de restitución, usurpaciones y procedimientos del Estado. Los jueces deberán aplicar plazos abreviados para disponer la devolución de fincas e inmuebles.
La sanción de la Ley de Propiedad Privada en el Senado introducirá transformaciones profundas en el Código Civil y Comercial y en los procedimientos judiciales de todo el país, impactando de forma directa en los juicios por ocupación, controversias entre partes y procesos de expropiación por utilidad pública.
Entre los puntos procedimentales más destacados, la ley impone a los magistrados la obligación de dictar medidas cautelares de restitución preventiva en plazos acotados ante la sola acreditación del título de propiedad. Esta medida busca neutralizar las dilaciones procesales que históricamente paralizaban la recuperación de propiedades usurpadas o con contratos vencidos.
Respecto al rol del Estado, el nuevo ordenamiento impone limitaciones estrictas a las facultades de expropiación por parte de entes estatales. A partir de la vigencia de la norma, toda declaración de utilidad pública requerirá el depósito previo y efectivo del valor real de mercado del bien, eliminando la posibilidad de tomas de posesión administrativamente diferidas.
Especialistas en derecho civil advierten que los tribunales deberán adecuar sus protocolos procesales para absorber las medidas de urgencia, mientras que cámaras del sector privado evaluaron la reforma como un paso decisivo hacia la seguridad jurídica de las inversiones inmobiliarias y agropecuarias.
