El femicidio de Agostina Vega reaviva el grito del Ni Una Menos ante un Gobierno que desmantela las políticas de género

En vísperas del 3 de junio, la fecha que en 2015 transformó el dolor en un grito colectivo indomable, la Argentina se prepara para una nueva movilización del Ni Una Menos. A once años de aquella primera convocatoria nacida del hartazgo frente al femicidio de Chiara Páez, la urgencia de ocupar las calles no ha mermado; por el contrario, el reciente y desgarrador crimen de Agostina Vega en Córdoba funciona como el emergente más doloroso de un sistema que sigue llegando tarde y de un Estado que ha decidido retirarse de sus funciones más básicas de protección. La convocatoria de este miércoles no es solo un acto de memoria, sino una trinchera política y un llamado de atención urgente hacia la complicidad social y el desmantelamiento institucional.

La historia del Ni Una Menos es la crónica de una conquista social sin precedentes en la región. Surgido del impulso de un grupo de periodistas, activistas y escritoras -entre las que destacan voces fundacionales como las de Marcela Ojeda-, el movimiento logró sacar la violencia machista de las páginas de policiales y de la esfera privada para instalarla como una problemática de derechos humanos y de salud pública. En esta década de lucha, el colectivo feminista articuló consensos históricos que derivaron en hitos legislativos como la Ley Micaela de capacitación obligatoria en los poderes del Estado, la Ley Brisa para hijos de víctimas de femicidios, la creación de Ministerios de Género y la consolidación de una red de contención territorial. Hoy, las feministas que lideran el movimiento destacan que el Ni Una Menos ya no es solo una consigna contra el asesinato de mujeres, sino una estructura de resistencia transversal que denuncia la precarización económica, la violencia política y el desamparo de las infancias y diversidades.

Sin embargo, el escenario actual está marcado por una contraofensiva gubernamental que desmanteló las pocas herramientas de prevención que existían. El reclamo al gobierno actual es directo y unánime: la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el desfinanciamiento sistemático de la Línea 144 de asistencia a las víctimas y el vaciamiento de los programas de acompañamiento económico (como el Programa Acompañar) han dejado a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad extrema sin ninguna red estatal de rescate. Lejos de garantizar la seguridad, las políticas oficiales promueven el congelamiento de presupuestos de fomento y el aval discursivo a la violencia machista, pretendiendo tapar la realidad con proyectos legislativos que, bajo el mito de las "falsas denuncias", buscan criminalizar y amedrentar a quienes se animan a romper el silencio.

En este contexto de asfixia institucional, el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba en una ventana horaria en la que la policía se negó a tomarle la denuncia por desaparición a su madre, ha encendido la mecha de la indignación colectiva. El caso de Agostina expone la peor cara de la burocracia judicial y la hipocresía mediática que persigue a las familias en lugar de controlar a los violentos. En las últimas horas, referentes indiscutibles del periodismo y la política han alzado la voz para vincular esta tragedia con la convocatoria del miércoles. Luciana Peker advirtió con crudeza sobre el desamparo de las adolescentes en un contexto donde el Estado se desentiende de sus vidas y donde la crueldad parece institucionalizada. Por su parte, la diputada Myriam Bregman remarcó que la impunidad de los agresores es una decisión política, señalando que mientras el Gobierno recorta el presupuesto de salud y asistencia para pagar deuda, las mujeres siguen pagando con sus cuerpos. Marcela Ojeda sintetizó el sentimiento generalizado al recordar que las calles siguen siendo el único lugar seguro para hacer oír el reclamo de justicia cuando el Palacio da la espalda.

La marcha de este miércoles 3 de junio es una invitación abierta a toda la sociedad, pero es, fundamentalmente, un llamado de atención impostergable hacia los hombres. La erradicación de la violencia de género no es una discusión exclusiva de las mujeres; exige que los varones rompan de una vez por todas los pactos de caballeros, el silencio corporativo y la complicidad diaria que valida las conductas de los agresores. No alcanza con no ser un femicida; se necesita una revisión profunda de los privilegios, de las microviolencias y del abandono de las responsabilidades afectivas y parentales. Los derechos que faltan -desde una reforma judicial con perspectiva de género real hasta la efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y presupuestos de emergencia- no se van a conseguir de forma pacífica en los despachos oficiales. Por eso, este miércoles la cita en las plazas de todo el país es obligatoria: para gritar por Agostina, para frenar el avance de la crueldad estatal y para recordar que, ante un Gobierno que deserta, el movimiento feminista sigue de pie y organizado. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos.