El Gobierno habilitó por decreto la expulsión de extranjeros que agravien al país o inciten a la violencia
La norma contempla penas para quienes ultrajen los símbolos patrios o inciten al odio contra los ciudadanos argentinos. La Casa Rosada fundamentó la iniciativa en la necesidad de resguardar el orden público y la soberanía nacional.
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial el Decreto 681/2026, mediante el cual se modifican diversos artículos del régimen migratorio argentino para agilizar los mecanismos de inadmisión y expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros. La nueva disposición incorpora como motivo expreso de cancelación de la residencia la realización de actos o declaraciones públicas que inciten al odio, a la violencia o constituyan un ultraje directo contra la República Argentina o sus símbolos nacionales.
La medida gubernamental establece que las autoridades de frontera y los agentes de control migratorio estarán facultados para rechazar el ingreso al país de cualquier ciudadano extranjero sobre el que pesen antecedentes verificados de agravios institucionales o expresiones de violencia dirigidas contra los ciudadanos argentinos. En el caso de personas que ya se encuentren residiendo en suelo nacional, el Ministerio del Interior podrá iniciar expedientes sumarísimos de deportación.
Desde los fundamentos del decreto emanado de la Casa Rosada se argumentó que, si bien la Constitución Nacional garantiza el principio histórico de hospitalidad y desarrollo para los habitantes de otras naciones, la potestad soberana del Estado permite fijar pautas estrictas de convivencia. La norma cita la necesidad de proteger la paz social, el respeto a los símbolos nacionales y prevenir la importación de discursos de discriminación o conflictividad social.
La resolución encomienda a la Dirección Nacional de Migraciones y a las Fuerzas Federales de Seguridad la elaboración inmediata de un protocolo de actuación rápida para operativizar los trámites de expulsión. El marco regulatorio generó repercusiones contrapuestas entre sectores parlamentarios que respaldan el endurecimiento de los controles de ingreso y agrupaciones defensoras de los derechos migratorios que analizan realizar presentaciones judiciales.
