RECLAMO

MefroWheelsy la justicia rosarina: el caso que expone la inseguridad jurídica argentina ante el mundo

La historia de MefroWheels SAU y la jueza María Silvia Beduino del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Rosario se está convirtiendo en uno de los casos más emblemáticos de inseguridad jurídica para inversores extranjeros en Argentina.

La historia de MefroWheels SAU y la jueza María Silvia Beduino del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Rosario se está convirtiendo en uno de los casos más emblemáticos de inseguridad jurídica para inversores extranjeros en Argentina. Un grupo alemán que apostó €100 millones al país hoy pelea en la Corte Suprema de Santa Fe por recuperar lo que un tribunal primero reconoció y después negó.

Una apuesta real al país.

MefroWheels SAU fue durante años la única fábrica de llantas de acero de Argentina. Detrás había un grupo inversor alemán que eligió Rosario para instalar su planta, generar empleos y apostar al desarrollo industrial del país. La inversión total superó los €100 millones. No era especulación financiera. Era industria real, con máquinas, trabajadores y producción concreta.Cuando el mercado se deterioró -golpeado por importaciones baratas y caída de la demanda- la empresa no pudo sostenerse. La planta cerró. 170 trabajadores fueron desvinculados. Y los inversores alemanes iniciaron el camino judicial para recuperar €3,5 millones que la filial argentina les adeudaba, capital propio que nunca les fue devuelto.

La firma que después no existió.

La jueza Beduino reconoció esa deuda en 2018. La analizó, la aprobó y le dio fuerza legal mediante una sentencia formal. Para los inversores, era la confirmación de que el sistema funcionaba. Que Argentina cumplía sus reglas.

Cinco años después, cuando presentaron el pedido de cobro, la misma magistrada emitió una resolución en sentido contrario: negó la obligación de pago. Sin nueva evidencia. Sin cambio normativo. La jueza Beduino simplemente contradijo su propia sentencia, violando uno de los principios más elementales del Estado de Derecho: la cosa juzgada, que establece que una resolución firme no puede ser revertida por el mismo tribunal que la dictó.

Un sistema que cierra todas las puertas.

Al intentar apelar, los inversores encontraron un nuevo obstáculo: el recurso fue rechazado invocando normativa diferente a la que el propio juzgado había indicado aplicar en instancias previas del mismo expediente. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala II, ratificó la resolución a fines de 2025 mediante una sentencia de escasa fundamentación.

Agotadas todas las instancias ordinarias, los acreedores alemanes presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, denunciando la violación del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción.

El trasfondo que agrava el cuadro.

En paralelo, los abogados de la empresa deudora -Fabio Cerrutti y Sergio Bollati, con estudio en Rosario- son objeto de una investigación fiscal por presuntas maniobras extorsivas contra representantes legales del grupo alemán y un asesor radicado en Europa. La fiscalía encontró mérito suficiente para avanzar. Fuentes vinculadas al proceso señalan además que ambos letrados serían los verdaderos beneficiarios de las acciones de MefroWheels SAU.

Una advertencia para el mundo.

El caso MefroWheels no es un error aislado. Se suma a una lista que Rosario conoce bien: Vicentin, Celulosa Argentina. Nombres distintos, mismo patrón. Capital productivo atrapado en un sistema judicial que reescribe sus propias reglas según convenga.

Cuando un tribunal puede firmar una sentencia hoy y negarla mañana, la propiedad se convierte en una ilusión y la inversión en un riesgo imposible de calcular. Como lo advirtió un especialista en la última cumbre Argentino-Británica en Londres: "Los números son muy lindos pero nadie le tiene confianza al país."

El expediente MefroWheels es, en 2026, la prueba más concreta de por qué.

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