El Gobierno envió a Diputados el "Súper RIGI" tecnológico y el proyecto para regular el Lobby corporativo
El Poder Ejecutivo Nacional concretó el ingreso a la Cámara de Diputados de dos de sus proyectos económicos y de transparencia más ambiciosos de la gestión.
A través de la Jefatura de Gabinete, el oficialismo giró el denominado "Súper RIGI", un agresivo régimen de promociones fiscales con beneficios impositivos superiores al actual para atraer inversiones en litio, reactores nucleares pequeños, hidrógeno verde y vehículos eléctricos. En simultáneo, ingresó la demorada Ley de Lobby, una iniciativa orientada a transparentar de manera obligatoria las gestiones de intereses privados ante funcionarios públicos, ministros y legisladores para evitar conflictos de interés en licitaciones o reformas normativas.
El nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones se diferencia del marco vigente por apuntar estrictamente a la transición energética y a sectores de alta tecnología, abarcando la manufactura de baterías, el Gas Natural Licuado (GNL) onshore, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, además de nuevos derivados petroquímicos. Para blindar la llegada de estos capitales, el proyecto contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, una exención total de los derechos de exportación y un esquema de amortización acelerada que permite computar el 60% en el primer año y un 20% en los dos ciclos subsiguientes, superando los atractivos del RIGI tradicional.
Por otra parte, el proyecto para regular el lobby busca echar luz sobre los mecanismos de presión que ejercen las corporaciones o sus intermediarios durante la elaboración, derogación o implementación de leyes, así como en la asignación de subsidios y concesiones. La normativa establece la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exige declaraciones juradas rigurosas sobre los intereses económicos representados y obliga a la publicidad irrestricta de las agendas oficiales. Asimismo, el texto fija estrictas incompatibilidades temporales para los exfuncionarios que pretendan saltar de la función pública a realizar gestiones de influencia en el sector privado.
