Presión social e internas en la Rosada: el Gobierno apura la reforma del Código Penal por el caso Agostina, pero recorta los debates más polémicos
Acelerado por la profunda conmoción nacional que generó el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, el Gobierno nacional reactivó la discusión interna para enviar "cuanto antes" al Congreso un proyecto de reforma parcial del Código Penal enfocado en el endurecimiento de penas para delitos sexuales.
La iniciativa se encuentra retenida por una fuerte disputa de poder entre los equipos técnicos del asesor Santiago Caputo y el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques, bajo el ala de Karina Milei. Para destrabar el texto y evitar que naufrague en el parlamento, el oficialismo archivó el mega-proyecto de 900 artículos que había diseñado la gestión de Mariano Cúneo Libarona y optó por una estrategia de reformas por etapas. En un giro netamente pragmático para esquivar un alto costo político en medio de la actual crisis, la Casa Rosada desistió de incluir en este paquete la revisión de la figura de femicidio y los cambios en la ley de aborto, dos batallas ideológicas que el sector libertario decidió postergar para no bloquear el tratamiento legislativo.
El borrador definitivo, que va y viene de la Secretaría Legal y Técnica comandada por María Ibarzabal, priorizará los capítulos que cosechan mayor consenso inmediato dentro del oficialismo y la oposición dialoguista: delitos contra la integridad sexual, abuso infantil, grooming, además de modalidades asociadas al crimen organizado como motochorros, viudas negras y estafas piramidales. Desde los despachos de Justicia defienden la necesidad de enviar una versión acotada y técnicamente ordenada que no obligue al Ejecutivo a defender de forma simultánea reformas civiles, de género y económicas. Mientras tanto, en los pasillos de Balcarce 50 arrecian los pases de factura por las demoras acumuladas desde que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara este paquete el pasado 17 de marzo, con un sector de la coalición gobernante acusando abiertamente al área judicial de paralizar la agenda de seguridad pública por "egos personales".
