La Provincia la imputó por cláusulas abusivas en sus contratos y enfrenta una multa de $1.800 millones
La firma de Marcos Galperín cuenta con un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito, fijar domicilio en La Plata y proponer un plan de adecuación; de lo contrario, la gestión de Axel Kicillof le aplicará una multa económica que asciende a $1.815 millones.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de la Producción comandado por Augusto Costa, notificó formalmente e imputó a Mercado Libre SRL tras detectar más de diez cláusulas presuntamente abusivas en sus contratos de adhesión. La fiscalización, iniciada de oficio por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores y respaldada por casi 2.400 denuncias individuales en el primer cuatrimestre del año, determinó que el gigante tecnológico impone condiciones que violan flagrantemente la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor. La firma de Marcos Galperín cuenta con un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito, fijar domicilio en La Plata y proponer un plan de adecuación; de lo contrario, la gestión de Axel Kicillof le aplicará una multa económica que asciende a $1.815 millones.
La investigación oficial analizó de forma exhaustiva los términos y condiciones del "ecosistema MELI", incluyendo los contratos de préstamos personales de Mercado Pago y las pautas de uso del marketplace. De acuerdo con las autoridades provinciales, las normativas vigentes exigen que las empresas brinden pautas equitativas y transparentes, prohibiendo que los proveedores se eximan de responsabilidades operativas de manera anticipada. El expediente administrativo avanza en paralelo a los sumarios que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) mantiene abiertos contra la compañía por presuntas prácticas anticompetitivas y de exclusividad en los medios de pago virtuales, un frente judicial que la firma rechazó administrativamente al asegurar que sus términos contractuales son claros y que el volumen de reclamos es bajo en relación a sus millones de transacciones diarias.
El desglose de las acusaciones: las cláusulas detectadas y cómo deberían ser según la ley
La Dirección de Defensa del Consumidor bonaerense constató que los contratos vigentes de Mercado Libre consagran un severo desequilibrio que perjudica al eslabón más débil de la cadena comercial. Los puntos principales de la imputación exponen las siguientes irregularidades técnicas:
Aceptación tácita de modificaciones contractuales: La empresa establece que puede cambiar los contratos de forma unilateral y que, si el usuario sigue usando la plataforma, se considera que los aceptó. Cómo debería ser: Toda modificación sustancial debe ser notificada expresamente al usuario con antelación, otorgándole la opción explícita de rescindir el servicio sin penalizaciones si no está de acuerdo.
Traslado de responsabilidad por uso no autorizado: Mercado Libre se exime de culpa si un tercero utiliza la cuenta del usuario de forma fraudulenta o no autorizada. Cómo debería ser: Al ser el proveedor del entorno digital seguro, la empresa debe asumir la responsabilidad solidaria por las fallas de seguridad de su plataforma, salvo que demuestre una negligencia grave y comprobable del consumidor.
Exoneración de responsabilidad por fallas técnicas: El contrato actual exime a la firma de responder si un producto vendido a través de su plataforma presenta fallas técnicas o mecánicas. Cómo debería ser: La Ley de Defensa del Consumidor establece la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización (incluyendo a los intermediarios que cobran comisiones por la venta y la logística) ante defectos del producto.
Indeterminación de tarifas y compensación entre cuentas: El sistema permite que Mercado Libre cobre tarifas de forma indeterminada o debite saldos de forma automática sobre cuentas de terceros ajenos al contrato o entre cuentas del mismo usuario para saldar deudas. Cómo debería ser: Los cargos deben estar taxativamente predeterminados y cualquier débito o compensación de fondos requiere una autorización expresa, informada y previa del titular para cada caso específico.
Fijación de jurisdicción exclusiva: Los contratos obligan a los usuarios a litigar o realizar reclamos legales exclusivamente en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Cómo debería ser: La normativa vigente indica que el consumidor tiene el derecho irrenunciable de demandar o realizar su defensa jurídica en el tribunal correspondiente a su domicilio real de residencia.
¿Por qué Marcos Galperín se fue a vivir a Uruguay y cómo se beneficia impositivamente?
La mudanza del fundador de Mercado Libre a Uruguay a fines de 2019 no fue un mero cambio de aire residencial, sino una estudiada maniobra de planificación fiscal que periodistas de investigación y especialistas en tributación han documentado en detalle. El objetivo central de mudar su "residencia fiscal" al país vecino fue dar de baja su condición de contribuyente en la Argentina para quedar fuera del alcance de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Para entender el beneficio en un lenguaje diario, el principal atractivo que encontró Galperín en Uruguay es el criterio de territorialidad impositiva combinado con los beneficios de las leyes de residencia para extranjeros. En términos sencillos, esto funciona a través de tres ejes económicos:
El Impuesto a los Bienes Personales: En Argentina, este impuesto grava la riqueza total de una persona (casas, acciones, cuentas bancarias) sin importar en qué parte del mundo estén esos bienes, con alícuotas que históricamente han sido muy altas para grandes fortunas. Al fijar su residencia fiscal en Uruguay, Galperín dejó de pagar este impuesto en Argentina por sus activos globales.
La "Vacación Fiscal" uruguaya: Para atraer grandes capitales, Uruguay ofrece a los extranjeros que mudan su residencia fiscal un período de gracia de hasta 10 o 11 años (conocido popularmente como "vacación fiscal") donde pagan 0% de impuesto a las ganancias sobre los rendimientos que obtengan por sus inversiones fuera de Uruguay (como intereses de cuentas en el exterior o dividendos de empresas internacionales). Pasado ese tiempo, la tasa que pagan es de apenas el 12%, una cifra infinitamente menor a las escalas de Ganancias de Argentina.
Impuesto a las Ganancias locales: Uruguay no grava las rentas generadas en el exterior bajo su sistema tributario tradicional. Como el grueso de la fortuna y las acciones de Galperín provienen del holding internacional de Mercado Libre (que cotiza en Wall Street) y de inversiones globales, radicarse allí le permite mantener a salvo sus rendimientos financieros del fisco argentino.
¿Puede hacerlo cualquiera?
La respuesta corta es no. Para que la AFIP argentina te otorgue la "baja fiscal" y Uruguay te acepte como residente impositivo, no alcanza con cruzar el charco los fines de semana. Las leyes exigen requisitos estructurales muy altos: se debe permanecer en territorio uruguayo al menos 183 días al año o, en su defecto, realizar una inversión inmobiliaria millonaria en el país (de varios cientos de miles de dólares) o poseer intereses económicos empresariales de gran magnitud allí. Además, la persona debe demostrar que el centro de su vida vital y familiar (colegio de los hijos, vivienda permanente) se trasladó efectivamente a Uruguay. Por ende, es un mecanismo legal, pero exclusivo para patrimonios de altísimo poder adquisitivo que pueden costear la infraestructura de mudar su vida y sus inversiones.
