La Jueza Andrade fue denunciada por el Gobierno por liberar los detenidos
En las v铆speras de una nueva movilizaci贸n por los jubilados, el Gobierno Nacional denunci贸 penalmente a la jueza porte帽a Karina Andrade por los delitos de "prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico y encubrimiento"
En las v铆speras de una nueva movilizaci贸n por los jubilados, el Gobierno Nacional denunci贸 penalmente a la jueza porte帽a Karina Andrade por los delitos de "prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico y encubrimiento", luego de que liberara a los 114 detenidos en la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.
Por instrucci贸n de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado de la cartera Fernando Soto present贸 una denuncia penal contra la magistrada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N掳 15 de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, en la que se la acusa de haber cometido "graves irregularidades".
En el Poder Ejecutivo consideran que Andrade orden贸 la liberaci贸n de 114 detenidos "sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes".
Seg煤n el escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la administraci贸n libertaria aseguran que la magistrada "intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio P煤blico Fiscal, y tom贸 su decisi贸n sin contar con los elementos de prueba necesarios".
Otro de los puntos que se le critica fue la decisi贸n de la jueza de dictar la resoluci贸n a trav茅s de un chat de WhatsApp, ya que consideran que eso impidi贸 que se establezca un registro oficial de la decisi贸n y de dar intervenci贸n formal a la Fiscal铆a.
"La resoluci贸n de la jueza Karina Andrade, que r谩pidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consisti贸 en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervenci贸n de los representantes de las partes ni a las Personas V铆ctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las v铆ctimas", cuestionaron desde el Ministerio de Seguridad.
En la misma l铆nea, expresaron: "Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicaci贸n de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvi贸 en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es m谩s grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscal铆a".
Asimismo, aseguraron que la decisi贸n de liberar a los detenidos de la marcha que tuvo lugar el pasado 12 de marzo configur贸 "un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideolog铆a".
Adem谩s, plantearon que la magistrada permiti贸 que defensores no designados intervinieran en el proceso, y la acusan de haber incumplido con el procedimiento de flagrancia que determina que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detenci贸n.
"La gravedad de los hechos que motivaron la intervenci贸n judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de informaci贸n y necesariamente debi贸 haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoci贸 haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y leg铆timo derecho a manifestar", criticaron.
Por 煤ltimo, puntualizaron que "tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes p煤blicos no son formas legitimas de reclamar" sino que son constitutivas de delito.
Por su parte, la jueza asegur贸 que resolvi贸 con los elementos que tuvo "a disposici贸n", y pidi贸 diferenciar "la respuesta r谩pida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos".
Andrade destac贸 adem谩s que su decisi贸n se bas贸 en la protecci贸n del derecho a la protesta y la libertad de expresi贸n, garantizados por la Constituci贸n Nacional. "Mi sentencia dej贸 claro cu谩l es el ABC de la detenci贸n de una persona en nuestro pa铆s. Mi argumento fue estrictamente jur铆dico y apegado a la Constituci贸n", afirm贸.
Se trata de la segunda denuncia que presenta el Gobierno, luego de que el pasado viernes se帽alara como posibles responsables de los episodios de violencia al ex l铆der montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Oterm铆n, y a grupos organizados y los acusara por los delitos de Sedici贸n, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democr谩tica y Asociaci贸n Il铆cita Agravada.
FUENTE, NA