Escándalo en el PAMI: Denuncian compras irregulares, sobreprecios y "débitos automáticos" a prestadores

Una interna gubernamental ha puesto el foco en el funcionamiento del PAMI, revelando una presunta trama de negocios que va más allá de los aportes de funcionarios a la caja política. Exautoridades del organismo denuncian compras sin licitación y sobreprecios significativos, realizados bajo la justificación de urgencia médica. Paralelamente, los prestadores alertan sobre un aumento de irregularidades, la aplicación de "débitos automáticos" y una situación económica límite para sus empresas.

A pesar de que la atención pública se ha centrado en los auto denunciados aportes de empleados para financiar a La Libertad Avanza, exfuncionarios señalan que las decisiones clave se toman en la sede central del PAMI, apuntando directamente a Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, las máximas autoridades del organismo.

Según testimonios, se recurriría sistemáticamente a la "vía de excepción" para realizar compras directas, argumentando riesgos para la salud de los pacientes. Un exrepresentante del PAMI en la provincia de Buenos Aires, médico de profesión, relató a Ámbito su sorpresa al encontrar numerosos trámites de este tipo y cómo, tras revisar los casos, constató que en la mayoría no existía una urgencia real.

La fuente denunció que, bajo esta modalidad de supuesta urgencia, "se pagaban sobreprecios de hasta el 700%". Un punto crítico fue el hallazgo de un pedido de biopsia para un tumor benigno, lo que llevó al médico a rechazar el procedimiento por la vía de excepción y a revisar las solicitudes, logrando reducir los pedidos diarios de siete a uno semanal.

Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI en La Plata, presentó una denuncia judicial detallando estos y otros mecanismos de presunta defraudación. En declaraciones a C5N, afirmó que su rol se limitaba a firmar documentación, ya que "todo se arregla en PAMI central". Subrayó la existencia de sobreprecios generalizados en prótesis, marcapasos y traslados, todos justificados bajo la excusa de riesgo de vida.

En Caleta Olivia, también se denunció un esquema de recaudación. Sergio Torres, extitular del PAMI en esa localidad, relató que se le solicitó un 10% a una médica. Tras viajar a Buenos Aires y conversar con Esteban Leguizamo antes de realizar la denuncia, recibió como respuesta que "no se podía hacer nada porque estas cosas se definen políticamente".

Torres también señaló la discrecionalidad con la que se manejaban las vías de excepción desde la sede central: "Cuando vuelvo a Santa Cruz pasó a estar frizado y eso me ocasionó problemas en el día a día porque las autorizaciones solamente las puede aprobar Leguizamo", declaró en Radio con Vos.

Mientras las denuncias se multiplican, los prestadores de servicios médicos aseguran que el sistema está en una profunda crisis. El titular de un centro de salud que atiende a 3.500 pacientes mensuales explicó que "la demanda es incontenible, son millones de jubilados que no tienen suficiente oferta y te llenan la agenda, eso estaría bien si se actualizaran los honorarios de acuerdo a la inflación, pero en el último año no paramos de perder; el último aumento de la consulta fue de $270".

Empresarios del Gran Buenos Aires denuncian retenciones indebidas por parte del PAMI desde hace meses. "Son débitos automáticos con conceptos absurdos, así te retienen el 10% de toda la facturación y se repite en cada período con débitos gemelos, es increíble", explicó una de las fuentes consultadas.

Ámbito tuvo acceso a documentación donde se repite el concepto "prácticas excluyentes" en varios renglones de facturación, sin mayor explicación. Los prestadores afirman que esta retención del 10% ha llevado su rentabilidad al límite, lo que los obligará a priorizar la atención a otras obras sociales. Un empresario bonaerense concluyó: "No hay plata para los jubilados, no hay plata para los médicos, a los que les pagan $6.800 pesos la consulta; están tomando al PAMI como una caja política".