Huelga en Tierra del Fuego: los sindicatos, en pie de guerra contra la baja de aranceles a la electrónica
La provincia de Tierra del Fuego vive por estas horas una de sus jornadas más tensas del año. Una huelga general paralizó este miércoles a gran parte del territorio fueguino en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la baja progresiva de aranceles a la importación de celulares, televisores, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos, medida que, según sindicatos y autoridades locales, pone en jaque a la principal industria de la región.
La medida, publicada esta semana en el Boletín Oficial, prevé una reducción inicial del arancel del 16% al 8%, con la eliminación total prevista para enero de 2026. Desde el Ejecutivo argumentan que la iniciativa busca fomentar la competencia, reducir los precios al consumidor y ampliar el acceso a la tecnología en todo el país. Sin embargo, en el sur del país, la lectura es completamente opuesta.
La convocatoria al paro fue respaldada por una amplia mayoría de sindicatos agrupados en la CGT, CTA, ATE, UOM y otros gremios sectoriales como judiciales, bancarios, del transporte, salud y remises. A excepción del gremio de los petroleros -en conciliación obligatoria-, la adhesión fue casi total.
El acto central tuvo lugar frente a la planta de Mirgor, una de las principales empresas instaladas en la isla, junto con Newsan, Radio Victoria, BGH, Midea Carrier y Solnik. En Río Grande y Ushuaia, las fábricas detuvieron su producción, y desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) alertaron que entre 6.000 y 8.500 empleos podrían perderse si se avanza con el nuevo esquema arancelario.
"Esto no es solo una lucha gremial, es una causa de todos los fueguinos. Se trata de defender la industria, los puestos de trabajo y la posibilidad de seguir viviendo con dignidad en nuestra provincia", expresó Guillermo Vargas, referente de la CGT local y del sindicato de camioneros.
Un conflicto con impacto institucional
La tensión no solo se refleja en el plano sindical. Desde el gobierno provincial, el gobernador Gustavo Melella fue contundente en su rechazo a la medida. "Esta decisión no solo compromete el entramado productivo de Tierra del Fuego, sino que también atenta contra su soberanía y su futuro. No vamos a quedarnos de brazos cruzados", afirmó.
Melella convocó a una reunión de emergencia con empresarios y representantes gremiales para este jueves, con el objetivo de elaborar una estrategia común que permita preservar los empleos afectados. En paralelo, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también cuestionó al Gobierno nacional: "Se busca desmantelar el régimen de promoción industrial con decisiones que nos retrotraen décadas. El 16% de arancel no era una barrera excesiva, era una herramienta de desarrollo".
En un intento por contener el malestar, la administración de Javier Milei presentó simultáneamente el Decreto 334/2025, que crea un nuevo régimen simplificado para la venta directa de productos fabricados en Tierra del Fuego a consumidores de todo el país. La medida permite la comercialización online de hasta tres unidades por persona al año, con un tope de 3.000 dólares por envío, exclusivamente para uso personal.
No obstante, la iniciativa fue interpretada en la provincia como un paliativo insuficiente. "No alcanza con facilitar la venta directa si al mismo tiempo se arrasa con las condiciones que hacen viable nuestra industria", manifestaron desde AFARTE.
Más allá de la economía: un reclamo por soberanía
El trasfondo del conflicto excede lo económico. En una provincia que históricamente ha sido considerada estratégica por su proximidad a las Islas Malvinas y su papel en la defensa del Atlántico Sur, la industria tecnológica representa mucho más que un sector productivo: es un pilar de soberanía.
"Este no es solo un ataque a la economía de Tierra del Fuego. Es un ataque a nuestra historia, a nuestra identidad y a nuestra gente. Acá no hay margen para especulación financiera, hay vidas y comunidades enteras en juego", aseguraron en un documento conjunto las organizaciones sindicales.