YPF: más fondos se suman a la puja por las acciones de la petrolera en manos del Estado

El litigio internacional en torno a YPF sumó la aparición de nuevos actores que buscan cobrar sentencias contra la Argentina con parte del 51% de las acciones de la empresa que posee el Estado nacional, y que la jueza Loretta Preska ordenó entregar semanas atrás a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera.

Así lo dio a conocer Sebastián Maril de Latam Advisors, quien detalló que más fondos acreedores ahora peticionan ante la justicia estadounidense para recibir ese paquete accionario en calidad de resarcimiento por default de deuda.

Maril, que sigue de cerca los litigios por la expropiación de la petrolera y los reclamos de deuda soberana, publicó la novedad en X, la red social antes conocida como Twitter.

"Más fondos piden tomar posesión de las acciones de YPF", dijo Maril.

"Beneficiarios de un fallo por deuda en default, también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores", agregó el especialista.

Un reporte de Latam Advisors profundizó sobre el tema. En el texto se lee: "Un grupo de acreedores con sentencias firmes contra la República de la Argentina ahora pide que la jueza Loretta Preska obligue al Gobierno a entregar parte de las acciones de YPF en control estatal como forma de cobro de bonos en default. Entre los demandantes sospechosos figuran Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee. Estas firmas buscan sumarse al reclamo de los fondos Petersen/Eton y Bainbridge, en línea con los fallos previos." El servicio especializado indicó además que los nuevos fondos presentaron su petición citando fallos propios anteriores a los de los casos YPF y y Bainbridge. El escrito menciona: "Sus sentencias anteceden a las otras, lo que puede dar lugar a controversias sobre la prelación de cobro."

Los fondos involucrados en este nuevo pedido judicial son Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee. No participaron en los procesos vinculados a la expropiación de YPF ni en la causa Bainbridge, pero obtuvieron fallos de la justicia estadounidense por deuda de la Argentina en default. Se trata de fondos de inversión que adquirieron bonos impagos y presentaron demandas en Estados Unidos. Cada uno obtuvo sentencias favorables en esos expedientes.

El grupo de acreedores solicitó a la jueza Preska que dicte una orden similar a las ya conocidas como "me too" ("yo también"), figura que implica replicar los efectos de un fallo previo para permitir que ese grupo pueda acceder a los mismos mecanismos de cobro. En este caso, la petición apunta a sumarse a la ejecución sobre el paquete accionario de YPF en manos del Estado argentino, tal como dispuso la jueza en el antecedente reciente.

En el escrito judicial, los fondos reclamantes definieron a la Argentina como deudora en situación de default que debe transferir sus intereses en YPF en virtud de los fallos dictados. Argumentaron que el Estado argentino mantiene la titularidad de aproximadamente 51% del capital accionario de la sociedad, cuya transferencia constituye el bien sujeto a ejecución. "Los acreedores solicitan esta medida con base en antecedentes de sentencias existentes sobre impagos", señaló la plataforma Latam Advisors.

Este reclamo se produjo pocos días después de que Preska ordenara a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por expropiación. El dictamen en esa causa estableció la restitución del paquete mayoritario a los reclamantes de Petersen/Eton y Bainbridge, a raíz de la sentencia adversa para la Argentina en el tribunal neoyorquino. Con la reciente presentación, se abre una disputa respecto a la asignación y la prelación del activo más valioso en disputa: el control estatal de la petrolera.

La controversia se centra ahora en quién recibirá primero el producto de una eventual transferencia de las acciones del Estado argentino. Las sentencias que ganaron estos fondos datan de períodos anteriores a los reclamos por expropiación, lo que motiva su pedido de prioridad en el orden de cobro. Latam Advisors resaltó este aspecto: "Lo que hace interesante a esta presentación es que los fallos que exhiben los fondos preceden a las causas Petersen/Eton y Bainbridge. El contexto abre un debate adicional sobre el alcance de futuras ejecuciones".

De acuerdo a la información a la que accedieron Maril y Latam Advisors, el planteo forma parte de una serie de presentaciones de estos acreedores destinadas a salvaguardar su derecho frente a eventuales transferencias o embargos sobre las acciones de la empresa controlada por el Estado argentino.

En la argumentación legal presentada ante el tribunal, los nuevos fondos sostuvieron que su derecho a cobrar con las acciones de YPF surge tanto de la ley estadounidense como de las normas internacionales aplicables en casos de default de deuda soberana. El escrito también puso en conocimiento de la jueza que existen múltiples fallos firmes, todos pendientes de cumplimiento por parte del Estado argentino. Ante esta realidad, los reclamantes consideran que corresponde ejecutar la totalidad de los activos disponibles, incluidas las acciones en poder del Estado, para garantizar la satisfacción plena de las sentencias.

El Gobierno argentino, en paralelo a esta disputa judicial, pidió la suspensión del fallo de la jueza Preska sobre las acciones de YPF en Estados Unidos, al considerar que la sentencia resulta jurídicamente inaplicable. La solicitud busca frenar la ejecución de la orden que obliga a entregar el 51% de la petrolera estatal, sosteniendo que implementar la decisión sería inviable tanto en términos legales como prácticos.