Gobierno acelera privatizaciones mientras el Congreso demora la bicameral de seguimiento

Una declaración del senador Juan Carlos Romero el pasado 26 de junio, durante la visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso una tensión institucional creciente: "Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente". Esta afirmación del legislador salteño, aliado al oficialismo, evidencia la parálisis de la comisión bicameral encargada del seguimiento de las privatizaciones, mientras el Gobierno acelera su plan.

En este contexto, el Ejecutivo ha decidido intensificar su estrategia de venta de empresas públicas. Esta aceleración responde no solo a la escasez de dólares prevista para el segundo semestre y al aumento de las importaciones, sino también a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según información a la que accedió Infobae, el Gobierno avanza rápidamente en la venta de activos estatales, amparado en la autorización ya otorgada por el Congreso de la Nación, una decisión que se formalizó esta última semana con publicaciones en el Boletín Oficial habilitando los procesos.

El proceso privatizador actual abarca a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que "todas están en un grado de avance", aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.

El estancamiento de la comisión bicameral

El control parlamentario de estas privatizaciones recae en la comisión bicameral Especial de Reforma del Estado y del Seguimiento de Las Privatizaciones (Ley 23.696), un órgano que lleva años sin funcionar. Desde la estatización de las empresas públicas, la comisión perdió sentido operativo y, a pesar de los reclamos de la oposición y la voluntad declarada del gobierno de Javier Milei de avanzar con las privatizaciones, sigue sin estar activa.

En diciembre del año pasado, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la conformación de la comisión. En una nota fechada el 30 de diciembre, Martínez instó a Menem a avanzar con las bicamerales que cuentan con resolución de presidencia, pero que aún no se han constituido, entre ellas la de privatizaciones. Martínez declaró a Infobae: "No hay nada, reclamé por carta y varias veces en el recinto, pero no tenemos novedades".

Según la web de la comisión, solo resta que la presidencia del Senado designe a los legisladores de la Cámara Alta en representación de Unión por la Patria. Desde el bloque que lidera José Mayans aseguran que "hace tiempo" enviaron los nombres de los senadores que ocuparán ese rol, pero aún no fueron nombrados por Victoria Villarruel.

Hasta el momento, los senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Unidad Federal), mientras que permanecen vacantes dos lugares para UP. Por la Cámara de Diputados, los representantes son Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni (UP) y Florencia Carignano (UP). La comisión aún no eligió autoridades, un paso que debe concretarse en la primera reunión para que pueda comenzar a operar.

El reclamo por la conformación de la comisión no proviene únicamente de los bloques kirchneristas. El propio senador Romero, identificado con el oficialismo, insistió en la necesidad de ponerla en marcha. Desde los bloques opositores, la responsabilidad se atribuye directamente a los presidentes de ambas cámaras. Un senador de UP afirmó: "Son Menem y Villarruel los que tienen que poner en marcha esto y no lo hacen mientras el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días".

La función de la comisión no consiste en garantizar ni controlar el resultado de las privatizaciones, pero sí representa un canal institucional para que el Congreso reciba información relevante. Los legisladores pueden solicitar datos sobre los oferentes y el cumplimiento de los contratos, y la comisión puede emitir dictámenes no vinculantes que permiten al Parlamento tomar conocimiento de los actos administrativos relacionados con las privatizaciones.

Esto toma relevancia desde el momento en el que desde varios bloques empezaron a criticar los primeros movimientos. Desde el bloque de UP en diputados surgieron las primeras críticas. La legisladora Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de declaración donde señala que AySA "es una empresa clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Cumple una función esencial para la salud de las familias que viven en CABA y en 26 municipios del AMBA, casi 15 millones de personas".

El proyecto, junto a su colega Sabrina Selva y el acompañamiento de una treintena de diputados del bloque, rechaza los decretos de privatización de AySA "por la contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100.

Pero no solo el bloque K criticó la decisión de vender el 90% del paquete accionario. El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, también se mostró disconforme con el proceso. "No puede ser. En la direccionada y fallida licitación de la hidrovía, se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Seguramente esto sólo se trate de otro error, como $Libra y las valijas de la aduana", escribió en su cuenta de X con una foto de un artículo de LPO cuyo título es "La empresa de agua de Israel asociada con Filiberti y Sielecki, los elegidos de Milei para quedarse con AySA".

"Lo relevante acá no es de dónde sea la empresa, sino que cuando conviene direccionar una licitación prohibiendo empresas estatales extranjeras lo hacen (hidrovía) y cuando conviene no hacerlo no lo hacen (AySA). Todo a medida", se explayó el diputado de EF.

En la oposición, la demanda es por una rápida conformación, mientras que en el oficialismo buscarán dilatarlo. La presión política sobre la comisión bicameral se reactivará tras el receso de invierno, cuando los legisladores enfrenten el avance del Ejecutivo en las autorizaciones para privatizar AySA, Intercargo, Corredores Viales, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.