Por inacci贸n del estado en la causa vialidad , Cristina no pagar谩 una suma de $ 22.300 millones
La Sala III de la C谩mara Civil y Comercial Federal dej贸 firme un fallo que beneficia a Cristina Kirchner, quien ya no deber谩 pagar un resarcimiento de $22.300 millones que el Estado le reclamaba en una demanda civil por la causa Vialidad
La Sala III de la C谩mara Civil y Comercial Federal dej贸 firme un fallo que beneficia a Cristina Kirchner, quien ya no deber谩 pagar un resarcimiento de $22.300 millones que el Estado le reclamaba en una demanda civil por la causa Vialidad. Seg煤n inform贸 el diario Clar铆n, la decisi贸n se tom贸 por la inactividad procesal de la parte demandante, es decir, del propio Gobierno a trav茅s de Vialidad Nacional.
La decisi贸n de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, confirm贸 la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, que declar贸 la "caducidad de la instancia". La defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, hab铆a solicitado la medida argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023.
Caducidad por inacci贸n procesal
El argumento central del fallo es que la parte demandante, Vialidad Nacional, no impuls贸 nuevas medidas durante el plazo de seis meses que contempla el C贸digo Procesal. Seg煤n supo Noticias Argentinas, a pesar de que el organismo estatal intent贸 justificar la demora, los jueces consideraron que "el 煤ltimo acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023", por lo que correspond铆a dar por ca铆do el proceso.
El fallo remarca que la caducidad busca "evitar la prolongaci贸n indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jur铆dicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administraci贸n de justicia".
El decomiso de la causa penal sigue activo
Es crucial distinguir que este fallo corresponde a la causa civil iniciada para reparar el da帽o econ贸mico de las obras no terminadas. La decisi贸n no afecta en absoluto a la causa penal.
En los tribunales de Comodoro Py, el proceso de ejecuci贸n patrimonial correspondiente al decomiso de bienes por $685.000 millones, fijado en la condena por administraci贸n fraudulenta en perjuicio del Estado, contin煤a su tr谩mite de forma independiente y se mantiene activo.
FUENTE , NA