El Gobierno prepara reforma sindical para después del 10 de diciembre

El Gobierno de Javier Milei ya tiene lista una reforma sindical que planea presentar tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La propuesta busca, entre otras cosas, reducir el poder de los sindicatos tradicionales y fomentar la creación de nuevas organizaciones gremiales.

Uno de los puntos más polémicos es permitir que nuevas entidades puedan obtener personería gremial, algo que hoy solo está disponible para la organización con más afiliados. La intención oficial es que estas nuevas agrupaciones compitan con los gremios tradicionales por afiliados, debilitando su influencia.

Otro eje de la reforma apunta a limitar las reelecciones indefinidas de secretarios generales, una práctica vigente en muchos sindicatos que ahora el oficialismo quiere restringir con el argumento de "democratizar las organizaciones". Para avanzar con este cambio, ya se elaboró un borrador de ley bajo la coordinación del senador Juan Carlos Pagotto y con el asesoramiento de abogados laboralistas de la agrupación La Púrpura.

Según fuentes oficiales, la reforma sindical se lanzaría junto con la propuesta de reforma laboral, previsional y tributaria, una vez que se renueve la composición del Congreso. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es modernizar el sistema laboral, aumentar la formalidad del empleo y "terminar con la casta sindical que ya no representa a los trabajadores".

El inicio de esta estrategia ya se vio con la legalización de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu), que no tiene personería gremial pero sí jurídica, y que buscará atraer afiliados de gremios consolidados como la UATRE. Al frente de la Fatrefu está el diputado nacional Pablo Ansaloni, que tras quedar fuera de la UATRE busca recuperar protagonismo en el ámbito sindical. Desde el Gobierno aseguran que este tipo de agrupaciones serán cada vez más frecuentes como alternativa a los sindicatos tradicionales.

El sindicalismo, por su parte, se prepara para rechazar estas iniciativas. Algunos gremios ya anticiparon que cuestionarán tanto la limitación de reelecciones como la apertura a nuevas entidades, considerando que podrían fragmentar la representación de los trabajadores. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que los cambios buscan incentivar la competitividad, la transparencia interna de los sindicatos y la creación de empleo formal en un contexto donde, según cifras oficiales, hace más de una década no se generan nuevos puestos de trabajo privados de manera sostenida.