Bolivia declara "emergencia energética y social" ante una profunda crisis económica
El Gobierno boliviano decretó este miércoles la "emergencia energética y social" en todo el país para hacer frente a una crisis económica marcada por alta inflación, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles, y habilitó medidas excepcionales como la importación libre de hidrocarburos para asegurar el suministro y reactivar la producción.
La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo Nº 5517, aprobado por el presidente Rodrigo Paz Pereira junto a su gabinete en La Paz. Según el texto, la declaración de emergencia responde al proceso inflacionario que vive Bolivia, la falta de reservas de divisas y la escasez de combustibles que ha afectado al transporte, la producción y la economía en general.
Medidas clave del decreto
El nuevo decreto incorpora una serie de acciones consideradas excepcionales, temporales e inmediatas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de energía y combustibles y promover la recuperación económica. Entre las principales se destacan:
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Autorizar a personas naturales y jurídicas privadas la importación, venta y comercialización de combustibles a precio de importación o pre-terminal, siempre que cuenten con capacidad de almacenamiento propia o alquilada.
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Suspender temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su entrada al país y asegurar un flujo continuo de este combustible crítico para el transporte y la actividad productiva.
Estas medidas buscan evitar la interrupción de suministros básicos en un contexto donde la escasez ha generado largas filas en estaciones de servicio y preocupación entre productores y consumidores.
Contexto de la crisis
La emergencia se declara en un marco en el que Bolivia cerró 2025 con una inflación acumulada de más del 20 %, una escasez persistente de dólares y una marcada falta de combustibles que afectó a sectores estratégicos y al costo de vida de la población. La decisión llega poco después de un acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) que permitió el levantamiento de bloqueos y tensiones sociales tras la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida que había sido rechazado por amplios sectores sociales.
La declaración de emergencia tiene vigencia por un año y podría implicar cambios en el contexto económico boliviano según evolucione la implementación de estas políticas y el acceso a combustibles, divisas y financiamiento.
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