Llaryora impulsa cambios al Código de Convivencia: orden público, sanciones a antivacunas y regulación de "naranjitas"

El Gobierno de Córdoba, liderado por Martín Llaryora, presentó un proyecto de modificación del Código de Convivencia Ciudadana que incluye varias medidas controvertidas orientadas al control del espacio público y a reforzar la obligatoriedad de las vacunas del Calendario Nacional. Entre las propuestas figura la prohibición de actividades como la de los llamados naranjitas (cuidacoches sin autorización municipal) y los limpiavidrios en la vía pública, y la imposición de multas y otras sanciones a quienes omitan la vacunación obligatoria de menores de 18 años bajo la legislación vigente. 

Un proyecto impulsado por seguridad y convivencia

La iniciativa, que está siendo analizada en la Legislatura de la provincia, refuerza la regulación del uso del espacio público y la seguridad vial, con normas más estrictas para quienes ejercen actividades informales sin autorización legal. Según los funcionarios, el objetivo es garantizar que solo puedan operar quienes cuenten con habilitación expresa por parte de los municipios, evitando cobros coercitivos por estacionamiento o prácticas peligrosas en la vía pública. 

El proyecto incorpora, por ejemplo, el artículo 60 bis, que prohíbe de forma explícita la limpieza de vidrios de vehículos detenidos o en tránsito, señalando que este tipo de acciones implican riesgos para la seguridad vial y generan conflictos entre conductores y peatones. Las sanciones para quienes incumplan estas disposiciones serían establecidas en el marco de contravenciones del Código de Convivencia. 

Multas y sanciones por omisión de vacunación

Otra arista importante de la reforma apunta a reforzar la obligatoriedad de las vacunas del Calendario Nacional, incorporando sanciones para padres, tutores o responsables legales que no aseguren la inmunización de niños, niñas y adolescentes. Según la propuesta, estas faltas serían consideradas pasibles de multa, arresto o trabajo comunitario, con agravamientos en caso de reincidencia. La medida busca dar eficacia práctica a una obligación ya establecida por la Ley Nacional de Vacunación, que define las vacunas como un derecho y una responsabilidad colectiva.

El ministro de Salud de la provincia, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que las sanciones buscan "retomar la buena senda de aplicación del calendario de vacunas" y proteger la salud pública frente a enfermedades prevenibles, subrayando que el enfoque no está puesto en posturas ideológicas, sino en garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. 

Debate y reacciones sociales

La discusión parlamentaria y pública sobre estas modificaciones ha generado opiniones diversas. Sectores vinculados a la seguridad y a asociaciones vecinales respaldan las medidas como herramientas para ordenar la convivencia urbana y proteger a los ciudadanos. En cambio, organizaciones sociales y defensores de derechos civiles advierten que ciertas sanciones podrían representar un enfoque demasiado punitivo sobre conductas vinculadas a la informalidad o a decisiones personales, planteando interrogantes sobre proporcionalidad y enfoques preventivos alternativos. 

El avance del proyecto depende ahora de la discusión en comisiones legislativas, donde los legisladores analizarán los detalles de los artículos propuestos y la amplitud de las sanciones previstas, en un contexto donde la agenda de seguridad y salud pública está en el centro del debate provincial. 

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