El ajuste de Milei en el Estado: ya hubo más de 52.000 despidos y podrían sumarse miles más
Un informe del CEPA expone el impacto de la reestructuración estatal impulsada por el Gobierno nacional.
La decisión del Gobierno de cerrar o fusionar numerosos organismos públicos -como el INTA, el INTI, y Vialidad Nacional, entre otros- volvió a poner en agenda la profundidad del recorte estatal que viene aplicando la gestión de Javier Milei desde diciembre de 2023. El anuncio, que coincidió con el fin de las facultades delegadas al Ejecutivo, podría sumar otros 5.000 despidos a una cifra que ya es alarmante.
Desde que asumió la presidencia, Milei ha recortado más de 52.000 puestos de trabajo en la administración pública, según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El estudio, elaborado a partir de datos oficiales, releva las cesantías tanto en dependencias centrales como en organismos descentralizados y empresas del Estado.
Un recorte profundo y generalizado
La caída del empleo público alcanzó un 15,2% en tan solo cuatro meses: de 343.354 trabajadores registrados en noviembre de 2023 se pasó a 291.014 en marzo de 2025. La poda no distinguió áreas: afectó desde instituciones técnicas hasta aquellas encargadas de atender poblaciones vulnerables.
Un ejemplo elocuente es la Agencia Nacional Andis, que perdió el 32% de su personal -468 personas-, pese a que su función principal es brindar apoyo a personas con discapacidad. Peor aún fue el caso del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que sufrió un recorte del 64% de su dotación.
El informe del CEPA advierte que este último organismo tenía un rol clave en la integración de políticas públicas orientadas a combatir la desigualdad y garantizar derechos en todo el país. Su debilitamiento, según el estudio, compromete la capacidad del Estado para ofrecer respuestas efectivas frente a situaciones de vulnerabilidad social.
El impacto en organismos clave
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), otro de los pilares del Estado de bienestar, también sufrió un fuerte recorte: se desvincularon 1.423 empleados. Esto ha repercutido en la atención al público y en la gestión de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
Otro caso significativo es el de la ex Secretaría de Niñez y Familia (Senaf), donde se produjeron 348 despidos desde diciembre. El recorte paralizó numerosos programas destinados a la protección de la infancia.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, celebran el ahorro que representa la reducción del aparato estatal. Calculan que el recorte de personal permitirá ahorrar hasta 2.000 millones de dólares anuales. Según estiman, cada empleado público le cuesta al Estado el doble de su salario en concepto de infraestructura, equipamiento y otros gastos indirectos.
Un ajuste sin matices
Pese a las críticas generalizadas desde sindicatos, organizaciones sociales y usuarios de servicios públicos, Sturzenegger defendió la política de despidos. "Hemos recortado 50.000 empleados públicos y los servicios no han empeorado. Muchos no aportaban valor", declaró recientemente, sin brindar mayores precisiones.
Mientras tanto, el empleo en el sector privado también atraviesa una contracción, lo que agrava el panorama para los trabajadores despedidos del Estado. La "modernización" promovida por el Gobierno se traduce, por ahora, en una masiva reducción de personal que afecta de forma directa a áreas clave para el funcionamiento del Estado y la atención ciudadana.
