Los trabajadores de AySA rechazan la privatizaci贸n y advierten sobre sus riesgos
Se帽alan que la privatizaci贸n podr铆a poner en riesgo el acceso universal al agua y al saneamiento.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) manifest贸 su rechazo al proceso de privatizaci贸n de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), tras la publicaci贸n de la Resoluci贸n 1198/2025 en el Bolet铆n Oficial.
La medida inicia la venta del 90% de las acciones de la compa帽铆a, dejando solo el 10% en manos de los trabajadores. Para el gremio, esta empresa estatal es una herramienta clave para garantizar un derecho humano esencial: el acceso al agua y al saneamiento.
El proceso de privatizaci贸n, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, se perfila como una venta abierta a inversores extranjeros. Seg煤n la normativa oficial, se contratar谩 un banco p煤blico para tasar las acciones estatales, con un plazo de ocho meses para concretar la operaci贸n.
La venta contempla al menos el 51% del paquete accionario a un operador estrat茅gico mediante licitaci贸n p煤blica nacional e internacional, mientras que el remanente se ofrecer谩 en bolsas y mercados del pa铆s, sin otorgar nuevas preferencias ni implementar un programa de propiedad participada.
Cr铆ticas del gremio a la argumentaci贸n oficial
El sindicato cuestiona los datos presentados por el Gobierno, que ubican a AySA como "el segundo peor operador de la regi贸n" y aseguran que la gesti贸n estatal es "ineficiente y costosa".
Desde el SGBATOS aclaran que dichos indicadores solo consideran la cobertura, ignorando la calidad del servicio y la performance operativa. "Se inducen conclusiones que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso de los trabajadores de la empresa", sostuvo Jos茅 Luis Lingeri, secretario general del SGBATOS.
Adem谩s, cuestionan la premisa de que la inversi贸n privada resolver谩 las necesidades de expansi贸n de la compa帽铆a, estimadas en 15.000 millones de d贸lares. "La experiencia hist贸rica demuestra que la l贸gica del mercado prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal. Ning煤n grupo empresario invertir谩 sumas tan grandes en sectores que requieren subsidios estatales y no son rentables de inmediato", advierten.
C贸mo ser铆a la privatizaci贸n
La resoluci贸n establece que la privatizaci贸n se har谩 mediante la venta del 90% de las acciones del Estado en AySA, quedando el 10% restante en manos de los trabajadores. La operaci贸n incluye la contrataci贸n de la Agencia de Transformaci贸n de Empresas P煤blicas para tasar el paquete accionario y supervisar la venta, que debe concretarse dentro de ocho meses.
El Ministerio de Econom铆a instruy贸 a la Secretar铆a de Obras P煤blicas a elaborar toda la documentaci贸n licitatoria, t茅cnica y contractual del proceso, incluyendo el contrato de concesi贸n correspondiente, y a coordinar con la empresa para garantizar que la privatizaci贸n no afecte la continuidad del servicio de agua potable y cloacas.
Esta privatizaci贸n forma parte de una pol铆tica m谩s amplia de reducci贸n de la participaci贸n estatal en empresas p煤blicas y b煤squeda de operadores privados para la gesti贸n de servicios esenciales. AySA, al igual que YPF, tiene la estructura de una sociedad an贸nima privada, aunque el Estado es su mayor accionista.
Riesgos de la privatizaci贸n para la poblaci贸n
Seg煤n el gremio, el nuevo marco regulatorio elimina la obligaci贸n de los concesionarios de garantizar la universalizaci贸n del servicio y realizar obras de expansi贸n. Hoy, la Agencia de Planificaci贸n (APLA) define qu茅 obras se realizan y c贸mo se financian con fondos p煤blicos. Por eso, sostienen que "la privatizaci贸n no asegurar谩 que los 5 millones de argentinos sin agua ni cloacas accedan al servicio".
En un esquema privatizado, remarcan, "nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la poblaci贸n m谩s vulnerable, aquella que m谩s necesita de la presencia del Estado".
El SGBATOS reafirma que el agua no es una mercanc铆a, sino un derecho humano esencial y un bien social que debe permanecer bajo gesti贸n estatal, con profesionales capacitados y participaci贸n activa de los trabajadores. "El sindicato defiende a los trabajadores y trabajadoras sanitaristas, y la empresa estatal, que constituye una herramienta fundamental para garantizar este derecho", concluye el comunicado de Lingeri.