El Gobierno convocó a audiencias públicas como parte de la segunda etapa del proceso de privatización de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, que actualmente son administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A.
En el acto distintos referentes sindicales y trabajadores pronunciaron discursos cuyo común denominador fue el llamado a la "unidad" y el "estado de alerta y organización" para la "defensa de toda la comunidad de medios públicos".