El Gobierno aprobó un nuevo contrato de concesión para "blindar" el servicio antes de la venta
A través de un nuevo esquema contractual a 30 años, el Poder Ejecutivo nacional estableció las bases operativas, financieras y de control que regirán el futuro de AySA.
La medida busca "limpiar" el camino para el ingreso de capitales privados, fijando metas de inversión obligatorias y eliminando los subsidios del Tesoro de forma permanente. "Este contrato ordena el marco bajo el cual se desarrollará la privatización", confirmaron desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El nuevo contrato no es una simple actualización formal; es el diseño de la empresa que el Estado Nacional pondrá a la venta. Entre los cambios más significativos, se establece que AySA deberá autofinanciarse exclusivamente con tarifas, una política que ya permitió reducir el déficit a cero durante 2024 y 2025. El objetivo es que el comprador reciba una compañía saneada y con reglas de juego claras: planes de acción cada 5 años, revisiones tarifarias quinquenales y auditorías independientes que aseguren la expansión de la red de agua y cloacas en el AMBA.
Para el Gobierno, la clave reside en la delimitación de responsabilidades. El contrato deja por escrito qué le corresponde al Estado (concedente) y qué a la empresa (concesionaria), incorporando un régimen de multas severas por incumplimiento de metas. Con este ordenamiento jurídico y financiero, la Casa Rosada prevé lanzar en el corto plazo la licitación pública del paquete accionario mayoritario, manteniendo un 10% para los trabajadores bajo el programa de Propiedad Participada.
Los 4 pilares del "Plan de Venta" de AySA
Sustentabilidad Total: Se prohíben los subsidios del Tesoro. El servicio se sostiene solo con lo que pagan los usuarios.
Metas de Inversión: La empresa privada estará obligada a presentar planes quinquenales de expansión y mantenimiento de red.
Control y Auditoría: Se fortalecen las facultades del ERAS (Ente Regulador) y APLA, sumando auditorías externas para evitar la desinversión.
Plazo y Horizonte: El contrato es por 30 años (prorrogable a 10 más), dando previsibilidad de largo plazo a los inversores internacionales.
