Gobierno avanza con un DNU para reforzar las facultades de la SIDE y desata críticas de la oposición
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Decretos de Necesidad y Urgencia que amplía las competencias de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), generando un fuerte rechazo entre bloques opositores que advierten sobre riesgos para las libertades civiles y el equilibrio institucional.
El Gobierno nacional dio un paso polémico en materia de seguridad y espionaje con la iniciativa que propone ampliar las facultades de la SIDE, fortaleciéndola con nuevas atribuciones para intervenir en cuestiones de seguridad interior y coordinación con otras agencias del Estado. La medida se presentó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue enviado para su revisión legislativa y desató una dura reacción de bloques opositores, que anticipan cuestionamientos constitucionales y advertencias sobre posibles excesos en la recolección de información y control social.
La propuesta del Gobierno busca incorporar a la SIDE al sistema nacional de seguridad interior con mayores prerrogativas operativas, incluyendo facultades para coordinar acciones de inteligencia interna, intervención de comunicaciones en casos de seguridad nacional y cooperación con organismos extranjeros, según los fundamentos presentados oficialmente. Además, el decreto contempla mecanismos de intercambio de información y análisis estratégico con otros servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país, algo que para el oficialismo es clave para "modernizar la lucha contra organizaciones criminales y el terrorismo".
El Gobierno argumentó que las modificaciones son necesarias ante un escenario de amenazas complejas que trascienden lo policial tradicional, y que requieren estructura y coordinación de inteligencia profesionalizada, en línea con estándares de seguridad internacional. Sin embargo, la extensión de poder de la SIDE sin debate parlamentario previo generó advertencias de constitucionalistas y dirigentes opositores.
Legisladores de bloques opositores calificaron la decisión como "un intento de pasar por encima del Congreso" y alertaron sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales, particularmente en lo referido a intervenciones de comunicaciones, vigilancia sin control judicial y falta de límites claros a la actuación del servicio de inteligencia. Entre las críticas también se destacó la falta de debate parlamentario previo, un requisito que para muchos expertos debería haberse cumplido antes de otorgar facultades ampliadas a un organismo con poder de investigación y recolección de datos.
La propuesta ya generó movilizaciones de organismos de derechos humanos y asociaciones civiles que pidieron a la sociedad y a los legisladores que rechacen el DNU, argumentando que no existen garantías suficientes de control democrático y que el fortalecimiento de la SIDE sin mecanismos transparentes puede derivar en abusos de poder. Sectores del oficialismo, en cambio, sostienen que una inteligencia más fuerte y coordinada es indispensable para enfrentar delitos complejos y amenazas transnacionales.
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