Tras haber destrabado la discusión por decretos clave en el recinto, el oficialismo busca medir apoyos para la reforma electoral.
DNU
Notas del temaEl Ejecutivo nacional remitió este viernes al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que modifica sustancialmente la Ley de Inteligencia Nacional y reorganiza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIDE). La iniciativa deberá ser analizada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dentro de los próximos diez días hábiles, según lo exige la normativa vigente.
Los senadores del bloque oficial del Peronismo cuestionaron con dureza el decreto del Poder Ejecutivo que amplía las facultades de los organismos de inteligencia del Estado, al considerar que la medida podría quebrar principios constitucionales y obviar el control democrático del Congreso.
Gobierno avanza con un DNU para reforzar las facultades de la SIDE y desata críticas de la oposición
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Decretos de Necesidad y Urgencia que amplía las competencias de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), generando un fuerte rechazo entre bloques opositores que advierten sobre riesgos para las libertades civiles y el equilibrio institucional.
El presidente evalúa dictar Decretos de Necesidad y Urgencia para neutralizar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, en un intento por sortear el rechazo parlamentario y reafirmar su agenda económica.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, se encuentra en una situación precaria. El temor a la falta de gobernabilidad acecha, especialmente porque la oposición busca sancionar una ley clave que limitaría drásticamente la capacidad del Ejecutivo para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El oficialismo logró juntar con el Pro, la UCR, la CC y los legisladores que responden a gobernadores, 129 votos positivos.
La presentación contó con el patrocinio letrado del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y cuenta con las firmas de Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi y Sabrina Selva
La medida se tomó en el marco de una estrategia de reducción de la emisión monetaria, según el Poder Ejecutivo.
Fueron 42 votos negativos a 25 positivos; 4 abstenciones. Pasa a la Cámara baja. Necesita de la aprobación de un solo cuerpo para dejarlo firme. Tensión entre la Casa Rosada y el Congreso.
Mediante una presentación de una treintena de páginas, la Secretaría de Trabajo sostuvo que se trata de una "decisión política no judiciable" y, por lo tanto, el fallo nunca debió haber existido.
Somos Barrios de Pie se concentrará este martes desde las 11:00 frente a la Quinta de Olivos, donde tienen previsto realizar una olla popular y acampar durante la noche para luego sumarse al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT).
A partir de la vigencia del DNU dictado por el presidente, Javier Milei, las empresas pueden comenzar a facturar con los valores que dispongan. Algunos afiliados pueden recibir aumentos de hasta 80%.
Los profesionales convocan a Tribunales para este viernes.
El juzgado laboral interviniente a cargo de José Ramonet rechazó la presentación de la central de los trabajadores.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá enfrentarse a una nueva jornada de protestas que atenta contra su protocolo de Mantenimiento del Orden Público.
Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de "desregulaciones" en el ámbito económico en la cocina, el presidente Javier Milei encabeza la última reunión de Gabinete en la previa a la publicación en el Boletín Oficial.
Fue de manera parcial ya que dejó afuera uno de los artículos de la ley, vinculado con las tarifas de energía eléctrica. La medida se formalizó por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves en el Boletín Oficial.
El Presidente firmó un decreto que establece un complemento mensual para las asignaciones familiares
Beneficiará a unos dos millones de trabajadores, será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas.
La Justicia Federal rechazó este miércoles el pedido de inconstitucionalidad de la empresa Telefónica al Decreto de Necesidad y Urgencia, que había declarado como servicios públicos a las telecomunicaciones e Internet.
