CONFLICTO

INTI: La Justicia intima al Gobierno por la eliminación del área de control de balanzas y surtidores

Tras una denuncia de ATE, un requerimiento judicial exige suspender la resolución que desarticula el Programa de Metrología Legal. El gremio advierte que, sin estos controles, ya no habrá garantías sobre el peso de los alimentos o la carga de combustible.

La gestión de Javier Milei sumó un nuevo frente judicial en su plan de reforma del Estado. La Justicia intimó al Ejecutivo a dejar sin efecto la Resolución 213/25 del INTI, la cual elimina las funciones del área de Metrología Legal. Este sector es, técnicamente, el "árbitro" que asegura que las mediciones en Argentina sean exactas y honestas.


¿Qué es lo que deja de controlarse?

El Programa de Metrología Legal tiene un impacto directo en el bolsillo y la seguridad de todos los argentinos. Según la denuncia, si esta área desaparece o se privatiza, quedarían sin supervisión estatal:

  • Surtidores de combustible: La garantía de que un litro de nafta sea efectivamente un litro.

  • Balanzas comerciales: El control sobre el peso en supermercados y carnicerías.

  • Seguridad vial: La calibración de alcoholímetros y radares de fotomultas (cinemómetros).

  • Salud: La precisión de instrumentos médicos de alta complejidad.


"Un kilo dejará de ser un kilo"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante al calificar la medida como un "vaciamiento" con fines privatizadores:

"Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización. Nunca imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo", sentenció el gremialista.

Desde el sindicato advierten que la resolución frena de inmediato la aprobación de nuevos modelos de medición y la certificación de los instrumentos que ya están funcionando en todo el país.


La estrategia del Gobierno

Para la Casa Rosada, esta medida se enmarca en la desregulación de la economía y la quita de trabas burocráticas para las empresas. Sin embargo, la intimación judicial obliga al Gobierno a dar explicaciones sobre cómo se garantizará la transparencia en las mediciones si el Estado se retira de esta función.


Los puntos clave de la intimación:

  1. Suspensión: Se pide frenar la Resolución 213/25 de forma preventiva.

  2. Seguridad Pública: La justicia evalúa si la falta de control técnico pone en riesgo a la población.

  3. Puestos de trabajo: ATE denuncia que la medida pone en riesgo cientos de empleos especializados en el INTI.

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