Una masiva movilización en el Congreso reclamó la aplicación de la emergencia en discapacidad

Cientos de personas se reunieron el miércoles frente al Congreso de la Nación para manifestarse por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y cuyo veto presidencial había sido rechazado. A pesar de esto, la norma nunca fue reglamentada por el Ejecutivo.

La concentración, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, comenzó a las 11 y luego se trasladó hacia el Ministerio de Salud. Durante la protesta, prestadores y pacientes iniciaron un paro de 48 horas en reclamo de pagos adeudados y ajustes en los aranceles de las prestaciones.

Una médica presente denunció que los honorarios eran muy bajos y que las obras sociales pagaban con retraso, lo que dificultaba garantizar las terapias necesarias a las familias. Por su parte, la directora de Arcoíris, una escuela especial y centro de día de Caseros, alertó que la falta de pagos podría derivar en el cierre de la institución. Un transportista de la escuela añadió que existían más de 1.200 millones de pesos asignados a Discapacidad que nunca se habían distribuido.

El vacío legal generado por la falta de reglamentación impidió mejoras en los pagos del sector, generando malestar entre los profesionales que brindan servicios esenciales a personas con discapacidad. Una madre manifestó su frustración al asegurar que, pese a haber logrado revertir el veto presidencial, no comprendía por qué la norma no se había puesto en marcha. Otra participante criticó la supuesta falta de recursos, apuntando a que sí se destinaba dinero a otros aumentos políticos.

La tensión aumentó tras la cancelación de una reunión entre Prestadores Unidos y Fernando Bilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que había asumido luego de la salida de Diego Spagnuolo, investigado por presuntas irregularidades en compras de medicamentos.

Además, durante la noche del martes se escucharon cacerolazos en distintos barrios de Buenos Aires en apoyo a la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada también tras un veto presidencial pero aún sin activarse, en reclamo de hospitales como el Garrahan y otras instituciones de salud.