Argentina endurece el veto a empresas con antecedentes internacionales
Mientras el Presidente se prepara para Davos con un discurso centrado en el "sentido común occidental", el Decreto 5/2026 marca un antes y un después en la obra pública: toda empresa sancionada por el Banco Mundial o el BID quedará fuera del Estado argentino de forma automática.
En un movimiento que busca enviar una señal de transparencia extrema a los mercados antes de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 5/2026. Esta medida no es un simple cambio administrativo; es una reforma profunda al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que elimina las zonas grises para las empresas que quieran contratar con el Estado.
Del "Cohecho" al Veto Total: ¿Qué cambia el Decreto 5/2026?
Hasta ahora, excluir a una empresa de una licitación era un proceso burocrático casi imposible. El Estado solo podía vetar a una firma si se demostraba que su sanción internacional (por parte del BM o el BID) era específicamente por corrupción. El nuevo decreto simplifica las reglas:
Exclusión Directa: No hará falta verificar la "causa exacta". Si una persona o empresa figura en las listas de inhabilitados (debarment systems) de los bancos multilaterales, queda automáticamente fuera de cualquier licitación en Argentina.
Ampliación de Causales: Ya no solo se persigue el soborno. El veto ahora incluye:
Conductas Fraudulentas: Engaños para obtener beneficios.
Prácticas Colusorias: Acuerdos entre empresas para manipular precios o "repartirse" la obra pública.
Prácticas Coercitivas y Obstructivas: Amenazas o bloqueos a investigaciones.
Fin de los "Impedimentos Operativos": El Gobierno reconoció que la normativa anterior era inútil porque los bancos internacionales no detallan el encuadre jurídico de cada sanción, lo que permitía que empresas "manchadas" siguieran operando en el país.
La conexión con Venezuela y el "Efecto Davos"
Este decreto llega en un momento clave. Milei defenderá en Davos la eficiencia del sistema capitalista y el éxito del operativo estadounidense que capturó a Nicolás Maduro. La lógica del Gobierno es coherente: si se celebra la caída de una estructura que Milei define como "narcoterrorista" y "corrupta" en Venezuela, la Argentina debe mostrar una casa impecable.
Sin embargo, aquí es donde reaparece la mirada crítica de Boris Muñoz. El analista advierte que la "transparencia" y la "libertad" no pueden ser impuestas solo desde arriba o mediante la fuerza bruta.
En Argentina: El riesgo es que la purga de contratistas sea vista como una herramienta política si no se maneja con criterios objetivos.
En Venezuela: Muñoz señala que mientras se celebra la captura del dictador, el vacío institucional es tal que no hay "árbitros internos" para vigilar la reconstrucción. Sin un Consejo Electoral o un Poder Judicial confiable, el temor es que los contratos de reconstrucción en la era post-Maduro terminen en manos de empresas que hoy Washington bendice, pero que mañana podrían ser sancionadas por los mismos organismos que cita el Decreto 5/2026.
Conclusión: Un 2026 de reglas nuevas
El decreto comenzará a regir en 15 días. Es una apuesta fuerte de la administración libertaria para diferenciarse de la "casta" y los escándalos de corrupción en la obra pública de años anteriores. Pero el escenario regional sigue siendo volátil: con Trump exigiendo "acceso total" al petróleo venezolano y Delcy Rodríguez resistiendo desde Miraflores, la transparencia administrativa en Argentina será puesta a prueba por la presión geopolítica de un continente en llamas.
