Transparencia en el corazón del nuevo Código de Ética de Economía bajo Caputo

En el marco de una transformación institucional, el Ministerio de Economía de la Nación presentó su Código de Ética, un documento que busca fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza ciudadana en la gestión pública. El texto, de 43 páginas, establece los principios, compromisos y comportamientos que deben guiar a todos los funcionarios y agentes del ministerio, marcando un antes y un después en la administración estatal argentina.

"Los principios y compromisos aquí establecidos, serán adquiridos por todos los miembros de este ministerio, orientándonos en la toma de decisiones y conductas cotidianas con criterios consensuados con los más altos estándares internacionales en materia de ética, para ser ejemplo de una administración pública que inspire confianza y contribuya al bienestar colectivo", afirma el propio Caputo en la introducción del Código.

"Pretendemos que estos lineamientos sean uno de los pilares fundamentales para construir un organismo innovador y responsable en la administración de los recursos públicos, con el fin de impulsar un desarrollo económico libre, sostenible y que beneficie a todos los ciudadanos de nuestra nación", destaca Caputo.

El Código de Ética, aprobado en junio de 2025, es de cumplimiento obligatorio para todas las personas que se desempeñan en el ministerio, cualquiera sea su jerarquía, modalidad de contratación o función. "No se podrá alegar su desconocimiento, como descargo o justificación ante una omisión o transgresión. Las infracciones al código podrán ser pasibles de las sanciones disciplinarias previstas por la normativa vigente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder".

Los cinco principios rectores del Código de Ética

El Código se estructura sobre cinco pilares fundamentales que buscan orientar la conducta de quienes ejercen la función pública:

1. Integridad: Promueve una cultura organizacional basada en la honestidad, la probidad y la independencia de criterio, priorizando el interés público. Prohíbe el uso de recursos para fines personales, la aceptación de dádivas o beneficios indebidos, y exige gestionar adecuadamente los conflictos de interés (actuales, potenciales o aparentes). Se detallan reglas claras sobre la aceptación de obsequios y viajes, y cómo manejar los conflictos para asegurar la imparcialidad.

2. Transparencia y acceso a la información: Establece que toda la información generada, obtenida o custodiada por el Estado es pública. Promueve la transparencia institucional, garantizando la mayor publicación posible de información de manera clara, ordenada, entendible y en formato de datos abiertos. Se impulsa la actualización permanente de datos, la rendición de cuentas y la accesibilidad ciudadana, en cumplimiento de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. La presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, y el registro de audiencias, son obligaciones clave.

3. Responsabilidad y rendición de cuentas: Exige que la función pública prime la satisfacción del interés general en un proceso de mejora continua, con decisiones en un marco de legalidad y altos estándares. Se demanda diligencia, idoneidad y eficiencia, así como el cumplimiento estricto de la normativa y la protección de información confidencial. Se prohíbe la divulgación de información personal de los sistemas informáticos y se advierte sobre las declaraciones públicas en medios o redes sociales para evitar interpretaciones como comentarios oficiales del ministerio. El uso de información privilegiada para beneficio propio o de terceros está prohibido, y los funcionarios deben denunciar irregularidades.

4. Igualdad de trato y oportunidades: Compromete a promover un entorno laboral positivo basado en el respeto y la igualdad, rechazando todas las formas de discriminación, violencia, maltrato y hostigamiento. La selección y promoción del personal se basa exclusivamente en la idoneidad para el cargo, prohibiendo cualquier forma de discriminación por motivos de raza, etnia, religión, género, entre otros. El Código fija tolerancia cero ante el acoso, la violencia y el maltrato, y establece canales específicos para denuncias, garantizando la protección de los denunciantes.

5. Sostenibilidad: Destaca la importancia de un enfoque responsable en el uso de los recursos públicos, contribuyendo a un ambiente sano y equilibrado sin comprometer a las generaciones futuras. Promueve el uso responsable, seguro, ético y lícito de los recursos, fomentando la reutilización, el reciclaje y el cumplimiento de normas ambientales. Además, se protege el patrimonio artístico y cultural del ministerio.

Aplicación, denuncias y sanciones

El Comité de Integridad del ministerio supervisa la aplicación del Código y promueve acciones para mejorar la gestión ética. Se han habilitado canales de consulta y denuncia, garantizando la confidencialidad y la protección de quienes reporten irregularidades, a través del Canal de Denuncias del Ministerio de Economía (Resolución 978/2021).

El incumplimiento de las normas éticas puede derivar en sanciones disciplinarias, civiles y penales. "La norma prevalece sobre cualquier instrucción de autoridad, por lo tanto, no se podrá justificar ninguna inobservancia por desconocimiento o por cumplir órdenes de un superior".

Capacitación y actualización permanente

El Ministerio de Economía considera fundamental el desarrollo profesional de todo su personal. Por ello, promueve la capacitación y la formación continua en ética pública. "Se implementarán instancias de difusión, sensibilización, y capacitación en temáticas generales y específicas, para garantizar el conocimiento de los principios y compromisos establecidos en este código", se detalla.

El Código de Ética rige desde su publicación y será actualizado según sea necesario para adaptarse a nuevos estándares, riesgos o cambios normativos. Con este Código, el Ministerio de Economía busca una "arquitectura institucional basada en una cultura de ética e integridad", en palabras de Caputo.

La publicación y difusión de este Código de Ética representa un paso fundamental hacia la construcción de un Estado más transparente, responsable y cercano a la ciudadanía. La ética pública se transforma, así, en el eje central de una gestión que busca recuperar la confianza de la sociedad y sentar las bases de una economía próspera, sólida y ordenada.