El Gobierno boliviano decretó este miércoles la "emergencia energética y social" en todo el país para hacer frente a una crisis económica marcada por alta inflación, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles, y habilitó medidas excepcionales como la importación libre de hidrocarburos para asegurar el suministro y reactivar la producción.

Mientras el Presidente se prepara para Davos con un discurso centrado en el "sentido común occidental", el Decreto 5/2026 marca un antes y un después en la obra pública: toda empresa sancionada por el Banco Mundial o el BID quedará fuera del Estado argentino de forma automática.

El primer mes del año trae una batería de subas en rubros esenciales como alquileres, transporte público, servicios y salud privada, en un contexto de inflación aún elevada y presión sobre el poder adquisitivo de millones de hogares argentinos.