El Gobierno echa a 60 funcionarios por sospechas de filtraciones en el juicio de YPF

 El Gobierno de Javier Milei ha desvinculado a 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la defensa legal del Estado, en medio de un escándalo por presuntas filtraciones de información a favor de los fondos buitres que litigan contra Argentina por la expropiación de YPF. La decisión, enmarcada oficialmente en una "reestructuración por eficiencia", se produce justo cuando el país enfrenta un juicio multimillonario de USD 16.100 millones en Nueva York, generando un fuerte malestar en la Casa Rosada y poniendo bajo la lupa la estrategia legal del Estado. 

El caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina. Esta situación levantó alarmas sobre una posible fuga de información sensible.

Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo".

Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo. Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.

Fuentes oficiales admitieron que existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes, señalando un posible quiebre de confianza.

Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como "amicus curiae", un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta, ofreciendo un inesperado respaldo a la posición argentina.

En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina. Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford, especialista en este tipo de litigios, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.

Reestructuración y un nombramiento bajo la lupa

En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela, lo que implica una fuerte reducción de su capacidad operativa.

Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei. Entre los principales cambios se destaca la "reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales", según el comunicado oficial.

Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de hierro, en términos explicados por el propio Javier Milei, lo que sugiere un fuerte respaldo político a pesar de las controversias.

Según informó Clarín, el nombramiento en su momento de Castro Videla, "llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino".

Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado "pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska". En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado. En estos casos, la figura del testigo no es la de un testigo ocular, como en juicios penales, sino la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.

Un respiro judicial: suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones

Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración. El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.

La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada. Este fallo representa un alivio momentáneo para las finanzas del Estado argentino y un punto a favor en la compleja batalla legal.