Al filo del plazo legal el Gobierno envía al Congreso un DNU clave que reforma la ley de inteligencia
El Ejecutivo nacional remitió este viernes al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que modifica sustancialmente la Ley de Inteligencia Nacional y reorganiza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIDE). La iniciativa deberá ser analizada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dentro de los próximos diez días hábiles, según lo exige la normativa vigente.
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La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial a fines de diciembre y formalizada para debate legislativo justo antes de que venza el plazo previsto por ley, introduce cambios profundos en la estructura, funciones y competencias del sistema de inteligencia argentino. Entre otros puntos, redefine la composición de los organismos, amplía atribuciones en materia operativa y centraliza la conducción estratégica bajo la SIDE, además de establecer que las tareas del organismo revestirán carácter "encubierto" por su especial naturaleza.
El ingreso del decreto al Parlamento también desató una rápida reacción de varios bloques opositores, que insisten en la necesidad de conformar de inmediato las comisiones bicamerales pertinentes para discutir el texto y, en su caso, presentar objeciones o rechazarlo. La ley que regula los DNU exige que la Bicameral emita dictamen en diez días hábiles, pero si esto no ocurre, tanto la Cámara de Diputados como el Senado pueden llevar el debate al recinto para aprobar o invalidar la norma.
La oposición argumenta que la reforma del sistema de inteligencia debería haberse abordado mediante un proyecto de ley tradicional, con debate abierto en ambas cámaras, y advierte sobre posibles riesgos en materia de controles democráticos y de derechos fundamentales si las nuevas facultades no están debidamente legisladas y fiscalizadas.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que los cambios introducidos buscan modernizar y hacer más eficiente al sistema de inteligencia ante los desafíos contemporáneos de seguridad y tecnología. El resultado del tratamiento parlamentario marcará un primer gran test legislativo del año, con un impacto directo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, así como en los mecanismos de control civil de los servicios de inteligencia.
