Cristina Kirchner solicitó arresto domiciliario sin tobillera y la fiscalía exige que sea detenida de inmediato
El juez Jorge Gorini dio cinco días hábiles para que los condenados se presenten voluntariamente en Comodoro Py.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó que la ex vicepresidenta cumpla su condena de seis años de prisión en su domicilio actual, acompañada por su custodia habitual y sin el uso de una tobillera electrónica. Mientras tanto, la fiscalía reclama que se haga efectiva su detención sin más demoras.
El planteo fue presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, mediante un escrito de 13 páginas elevado al Tribunal Oral Federal N°2, poco después de que la Corte Suprema confirmara la condena. Allí pidieron que se evite su paso por una alcaidía y que se ordene directamente su detención domiciliaria en el departamento de la calle San José 1111, donde reside junto a su hija Florencia.
En paralelo, el juez Jorge Gorini dispuso un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados en la causa se presenten personalmente en los tribunales de Comodoro Py. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad que disponga espacios adecuados para alojarlos de forma transitoria, hasta tanto se resuelvan los pedidos de las partes.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, por su parte, reclamaron la "detención inmediata" de la ex mandataria, argumentando que el plazo otorgado por el juez resulta excesivo debido a que incluye un fin de semana y un feriado nacional.
En su pedido, la defensa de Fernández de Kirchner alegó razones humanitarias y de seguridad para justificar la prisión domiciliaria. Señalaron su edad -72 años-, el intento de magnicidio sufrido en 2022 y su condición de ex presidenta como factores que vuelven inviable su alojamiento en una cárcel común.
El pedido de prisión domiciliaria de CFK
"La única modalidad compatible con la situación de nuestra asistida es la detención domiciliaria", afirmaron los abogados, quienes advirtieron que un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente -como el que implicaría su ingreso a una unidad penitenciaria- colisionaría con normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Además, pidieron que no se le imponga el uso de tobillera electrónica, al considerar que la presencia permanente de su custodia oficial vuelve innecesario ese mecanismo de control, a pesar de que está contemplado en la legislación vigente sobre ejecución de penas.
