El bloque justicialista del Senado repudió el DNU sobre inteligencia y advirtió que "vulnera la Constitución"
Los senadores del bloque oficial del Peronismo cuestionaron con dureza el decreto del Poder Ejecutivo que amplía las facultades de los organismos de inteligencia del Estado, al considerar que la medida podría quebrar principios constitucionales y obviar el control democrático del Congreso.
El bloque justicialista del Senado de la Nación expresó su rechazo formal al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno que reformula el régimen de inteligencia nacional y otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y otros organismos vinculados a la seguridad y la recolección de información. Los senadores oficialistas argumentaron que la medida no respeta el procedimiento legislativo previsto por la Constitución Nacional y advirtieron que representa una ampliación de poder que debería haber sido debatida con anticipación en comisiones y en sesiones del Congreso.
Críticas por falta de debate y control
Los miembros del bloque justicialista sostuvieron que el uso de un DNU en un tema tan delicado como la inteligencia estatal elude el debate parlamentario y limita la participación de representantes elegidos para discutir los alcances y límites de esa ampliación de facultades, especialmente en lo relacionado con las intervenciones de comunicaciones y el intercambio de información con otras agencias de seguridad. Para estos senadores, la potestad de legislar sobre inteligencia corresponde al Congreso, que debe garantizar el equilibrio entre seguridad y libertades civiles para evitar posibles excesos.
Al fundamentar el rechazo, los senadores peronistas adujeron que el DNU invade potestades exclusivas del Poder Legislativo, y recordaron que la Constitución Nacional establece límites claros al uso de decretos de necesidad y urgencia, que sólo pueden utilizarse en situaciones extraordinarias y justificadas, no para reformar estructuras institucionales de control del Estado. En ese sentido, plantearon la necesidad de convocar a las comisiones legislativas pertinentes para revisar el decreto y proponer modificaciones que aseguren controles efectivos.
La oposición también expresó su preocupación por la posible afectación de garantías de privacidad y derechos fundamentales, al considerar que la ampliación de las facultades de inteligencia podría habilitar intervenciones que excedan los marcos jurídicos habituales sin supervisión judicial ni parlamentaria suficiente. Este rechazo se sumó a críticas similares de organismos de derechos humanos y expertos en seguridad democrática, que se han manifestado en las últimas semanas.
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