Los trabajadores de AySA rechazan la privatización y advierten sobre sus riesgos
Señalan que la privatización podría poner en riesgo el acceso universal al agua y al saneamiento.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) manifestó su rechazo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), tras la publicación de la Resolución 1198/2025 en el Boletín Oficial.
La medida inicia la venta del 90% de las acciones de la compañía, dejando solo el 10% en manos de los trabajadores. Para el gremio, esta empresa estatal es una herramienta clave para garantizar un derecho humano esencial: el acceso al agua y al saneamiento.
El proceso de privatización, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, se perfila como una venta abierta a inversores extranjeros. Según la normativa oficial, se contratará un banco público para tasar las acciones estatales, con un plazo de ocho meses para concretar la operación.
La venta contempla al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el remanente se ofrecerá en bolsas y mercados del país, sin otorgar nuevas preferencias ni implementar un programa de propiedad participada.
Críticas del gremio a la argumentación oficial
El sindicato cuestiona los datos presentados por el Gobierno, que ubican a AySA como "el segundo peor operador de la región" y aseguran que la gestión estatal es "ineficiente y costosa".
Desde el SGBATOS aclaran que dichos indicadores solo consideran la cobertura, ignorando la calidad del servicio y la performance operativa. "Se inducen conclusiones que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso de los trabajadores de la empresa", sostuvo José Luis Lingeri, secretario general del SGBATOS.
Además, cuestionan la premisa de que la inversión privada resolverá las necesidades de expansión de la compañía, estimadas en 15.000 millones de dólares. "La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal. Ningún grupo empresario invertirá sumas tan grandes en sectores que requieren subsidios estatales y no son rentables de inmediato", advierten.
Cómo sería la privatización
La resolución establece que la privatización se hará mediante la venta del 90% de las acciones del Estado en AySA, quedando el 10% restante en manos de los trabajadores. La operación incluye la contratación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para tasar el paquete accionario y supervisar la venta, que debe concretarse dentro de ocho meses.
El Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar toda la documentación licitatoria, técnica y contractual del proceso, incluyendo el contrato de concesión correspondiente, y a coordinar con la empresa para garantizar que la privatización no afecte la continuidad del servicio de agua potable y cloacas.
Esta privatización forma parte de una política más amplia de reducción de la participación estatal en empresas públicas y búsqueda de operadores privados para la gestión de servicios esenciales. AySA, al igual que YPF, tiene la estructura de una sociedad anónima privada, aunque el Estado es su mayor accionista.
Riesgos de la privatización para la población
Según el gremio, el nuevo marco regulatorio elimina la obligación de los concesionarios de garantizar la universalización del servicio y realizar obras de expansión. Hoy, la Agencia de Planificación (APLA) define qué obras se realizan y cómo se financian con fondos públicos. Por eso, sostienen que "la privatización no asegurará que los 5 millones de argentinos sin agua ni cloacas accedan al servicio".
En un esquema privatizado, remarcan, "nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable, aquella que más necesita de la presencia del Estado".
El SGBATOS reafirma que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano esencial y un bien social que debe permanecer bajo gestión estatal, con profesionales capacitados y participación activa de los trabajadores. "El sindicato defiende a los trabajadores y trabajadoras sanitaristas, y la empresa estatal, que constituye una herramienta fundamental para garantizar este derecho", concluye el comunicado de Lingeri.
