Por orden del Tribunal Superior de Justicia, los arrepentidos deberán declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra pública y por las cuales se vio favorecido el empresario Lázaro Báez.
La Cámara de Casación deberá expedirse sobre la validez de los testimonios, sobre la ley que las hizo posibles y si corresponde su aplicación en una causa que inició previamente a su sanción.