Adiós a los controles: El Gobierno lanza un "Plan de Reparación Histórica" para inyectar dólares no declarados a la economía

Buscando movilizar una gigantesca masa de más de 200.000 millones de dólares que hoy circulan fuera del sistema formal, el Gobierno ha dado a conocer un ambicioso paquete de medidas para incentivar el uso de ahorros no declarados. Lejos de ser un blanqueo tradicional, la iniciativa, que había sido anticipada por Ámbito y el Ejecutivo denomina "cambio de régimen", entrará en vigencia a partir del 1 de junio.

El objetivo central de este "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" es claro: remonetizar la economía con los dólares que los ciudadanos guardan "en el colchón", muchos de ellos adquiridos en el mercado informal. Con esto, el gobierno de Javier Milei le imprime un nuevo impulso a su concepto de "dolarización endógena".

Manuel Adorni, vocero presidencial, fue el encargado de presentar el plan, haciendo hincapié en que el Gobierno "no perseguirá" a quienes compraron dólares y que ahora podrán utilizarlos libremente. "Tus dólares, tu decisión", sentenció Adorni, agregando que "los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario".

El vocero hizo un repaso crítico de la historia del cepo cambiario, señalando que "así llegamos a un resultado catastrófico en el que el 50% de nuestra economía terminó siendo informal y el Estado, cual Gran Hermano, controlaba todas las transacciones de sus ciudadanos, como si fueran criminales que merecían castigo". Y concluyó: "Normalizamos prácticas ridículas como que el Estado obligue a los bancos a que informen todas las extracciones de efectivo que se hicieran y a los comercios a informar compras de cualquier tipo".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que este cambio de régimen apunta a "devolverle la libertad a la gente". "No son delincuentes, son la gran mayoría de los argentinos que fueron abusados por exceso de impuestos y de controles", aseveró. Además, el titular de Hacienda reiteró que el Gobierno no tiene planes de devaluar el peso, ya que no creen que un dólar más caro mejore la competitividad del país. En su lugar, la estrategia se enfoca en bajar impuestos, desregular e incentivar la inversión privada y el crédito.

Las claves del nuevo plan: menos burocracia, más flexibilidad

Juan Alberto Pazo, titular de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), fue el encargado de detallar las medidas. Anunció la derogación de numerosos regímenes de información que obligaban a comercios, escribanos, agentes inmobiliarios y administradoras de consorcios a reportar operaciones. Esto incluye desde compras con tarjeta de débito/crédito y billeteras virtuales para consumos personales (que ya no se informarán), hasta ventas de autos usados, expensas menores a $32.000, y el Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI). Incluso, los proveedores de servicios públicos y telefonía dejarán de reportar consumos.

Además, se elevaron significativamente los montos a partir de los cuales ARCA controlará las operaciones financieras:

• Transferencias y acreditaciones bancarias: El límite pasa de $1 millón a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.
• Extracciones en efectivo: Ya no se informarán desde cualquier monto, sino a partir de $10 millones.
• Saldos a fin de mes: El umbral se eleva a $50 millones para cualquier tipo de cuenta (físicas) y $30 millones (jurídicas).
• Plazos Fijos: El monto sin verificación se actualiza a $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.
• Transferencias y acreditaciones en Billeteras Virtuales: El límite sube de $2 millones a $50 millones para físicas y $30 millones para jurídicas.
• Tenencias en AlyCs (Agentes de Liquidación y Compensación): El monto a informar es ahora de $100 millones para físicas y $30 millones para jurídicas.
• Información comercial (compras de consumidor final): Se unifica en $10 millones, tanto para efectivo como para otros medios de pago, desde los $250 mil y $400 mil anteriores.

Asimismo, los bancos tendrán prohibido exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales a sus clientes, quienes podrán negarse y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario.

Según el Gobierno, por cada peso que circula formalmente en la economía, hay cinco en la informalidad, ya sea en el "negro" o en dólares. Adorni argumentó que la enorme cantidad de reportes generados hasta ahora hacía inviable que la UIF (Unidad de Información Financiera) realizara auditorías efectivas, logrando verificar solo el 0,34% de los casos.